Carta Abierta a las Autoridades, Organizaciones Sociales y Ciudadanía en General

Desde el año 2005, Chile ha sido testigo del impulso a un proceso valioso: la formación de dirigentes sociales en distintos niveles del Estado -comunal, provincial, regional y nacional- con la finalidad de fortalecer el tejido organizacional en todos los rincones del país. Esta iniciativa, en su origen, respondía a una necesidad profunda: construir una ciudadanía activa, crítica, pluralista e independiente.

Sin embargo, con el paso del tiempo, aquello que nació como una plataforma para la autonomía y el empoderamiento social ha ido perdiendo su norte. Hoy, lamentablemente, muchas de esas formaciones han derivado en espacios que moldean a los dirigentes como voceros del gobierno de turno, transformando a los líderes sociales en piezas funcionales a intereses partidistas, más que en representantes de sus comunidades.

Este fenómeno no distingue colores políticos. Ya sea desde la derecha o la izquierda, los gobiernos han utilizado estas estructuras de formación para consolidar su presencia territorial, debilitando así la independencia de las organizaciones y su capacidad de incidir de manera genuina.

Ante esta situación, urge una reingeniería profunda de los contenidos formativos. Este rediseño debe provenir desde las bases mismas, desde las propias organizaciones o entidades privadas comprometidas con el desarrollo social, y no desde oficinas gubernamentales que inevitablemente responden a lógicas administrativas y políticas.

Si el verdadero propósito es fortalecer a las organizaciones sociales, entonces la formación de sus dirigentes debe centrarse en temáticas que promuevan la autonomía, la democracia participativa y la sostenibilidad. Algunos de los contenidos esenciales que debiesen ser incorporados son:

  1. Gestión organizacional y planificación participativa.
  2. Conocimiento de la legislación y derechos ciudadanos.
  3. Economía social y administración de recursos.
  4. Resolución de conflictos y mediación comunitaria.
  5. Liderazgo ético, inclusivo y democrático.
  6. Comunicación efectiva y vocería independiente.
  7. Participación ciudadana y control social de la gestión pública.
  8. Sostenibilidad, innovación y desarrollo local.

La ausencia de estas herramientas no solo debilita a los dirigentes, sino que perpetúa una estructura de control que termina dividiendo a las comunidades. Un ejemplo claro se observa en la región de Tarapacá, donde en algunas comunas coexisten dos o más juntas vecinales en un mismo territorio, cada una alineada a diferentes intereses políticos. Esta duplicidad, lejos de fortalecer, fragmenta, confunde y distorsiona el verdadero sentir de la ciudadanía. Se crean organizaciones paralelas, muchas veces bajo nombres similares, solo para mostrar fuerza política en cifras que no representan la realidad del compromiso social.

La Ley No. 19.418 (1995), que regula las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, si bien buscó flexibilizar y fomentar la participación, ha sido utilizada en ocasiones para atomizar aún más el movimiento social, generando conflictos entre vecinos que comparten los mismos problemas, pero que terminan divididos por influencias externas.

Frente a esto, debemos preguntarnos con sinceridad y responsabilidad:
¿Quién se atreverá a ponerle el cascabel al gato?
¿Habrá algún gobierno dispuesto a garantizar procesos formativos neutrales, sólidos y al servicio de la ciudadanía?
¿Seguiremos permitiendo que algunos dirigentes sean meros difusores de las políticas del gobierno de turno?
¿Qué podemos hacer como sociedad civil?

La respuesta está en nosotros. Como ciudadanos y ciudadanas debemos exigir espacios de formación reales, pertinentes, independientes y coherentes con las necesidades del territorio. Necesitamos dirigentes preparados, con visión de futuro, capaces de liderar procesos de cambio sostenibles, inclusivos y democráticos.

Es hora de fortalecer el liderazgo social desde sus raíces, con convicción, con compromiso y con responsabilidad.
Porque solo así construiremos una sociedad verdaderamente participativa, justa y solidaria.

Atentamente,

Juan Carlos Hernández Caycho
Asesor – Consultor Social y Comunitario

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