Tras 37 años se elimina el aporte fiscal indirecto a las universidades

La Sala despachó a ley el proyecto que según se justifica en su texto, el fin del aporte se debe a que beneficiaría principalmente a alumnos provenientes de los hogares de mayores ingresos; mientras que los detractores de la norma insistieron en que se perjudica a las universidades regionales.

Por 18 votos a favor y 5 abstenciones, la Sala respaldó las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, estableciendo una regulación transitoria para el año 2017.

Con esto, se elimina el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), creado el año 1981 para aumentar la calidad de la educación superior, a través de la competencia entre las instituciones para captar a los mejores alumnos. No obstante, en la actualidad ha caído en desuso y se ha transformado en una herramienta regresiva, según consta en el texto legal, ya que beneficiaría a los alumnos de mayores recursos del país.

Las enmiendas adecuan la norma para el 2018 y el monto del aporte en mil millones de pesos.

Durante el debate, los senadores Ena Von Baer y José García Ruminot, reiteraron que se está perjudicando a las universidades regionales y a las del G9, además de criticar que no se repone ningún beneficio para retener a los alumnos en las regiones. “En dos meses se ha perjudicado a las universidades con tres leyes”, precisó la senadora Von Baer.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma manifestó que el fondo del proyecto “es malo” y no ha sido reemplazado. En otro orden, el senador Fulvio Rossi precisó que llama la atención que exista focalización de recursos públicos regresivos, porque se estaría privilegiando a estudiantes de altos ingresos, (…) “cuando tenemos pensiones que no alcanzan ni a lo más básico”.

El proyecto de ley, tiene por objeto buscar una mejor distribución de los recursos destinados a financiar la educación superior, dejando sin efecto el aporte fiscal AFI, en virtud del cual, los recursos que para estos efectos se otorgan anualmente en la ley de presupuesto, se reparte entre las instituciones de educación superior donde se hayan matriculado los 27.500 mejores puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de cada año. En la práctica este aporte beneficia principalmente a alumnos provenientes de los hogares de mayores ingresos del país y de establecimientos particulares pagados.