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Seremi de Gobierno de Tarapacá destaca proyecto que perfecciona sistema procesal penal

Seremi Gobierno de Tarapacá Ana Maria TiemannComo un nuevo marco legal, que no permitirá dar lugar al cuestionamiento de pruebas y al actuar de la fiscalía, policías y jueces; calificó la seremi de Gobierno, Ana María Tiemann, el proyecto de ley que perfecciona el Sistema Procesal Penal y que esta mañana fue firmado por el Presidente Sebastián Piñera y la ministra de Justicia, Patricia Pérez.

La iniciativa, que será presentada en marzo ante el Congreso para su aprobación, busca generar los mecanismos para dar mayor seguridad y tranquilidad a los chilenos y chilenas, incorporando una serie de reformas y asegurando con ello que los delincuentes y narcotraficantes no queden impunes ante la ley.

Para Tiemann, la apuesta realizada por el Gobierno representa el avance que todos esperaban en relación a que exista una justicia real y certera en el país, “lo cual se hace realidad con este proyecto que, con el apoyo de una comisión multidisciplinaria de expertos que inició su trabajo en octubre del año pasado, se ha logrado definir una serie de modificaciones y mejoras al sistema procesal penal, para obtener los resultados que esperamos como sociedad, y que apunta a que ningún crimen quede sin castigo, aplicando todo el rigor de la ley a quienes infrinjan la ley”.

Al respecto, la vocera regional de Gobierno destacó que el proyecto contempla 36 modificaciones vinculadas a tres ejes prioritarios, como son “la coordinación entre el Ministerio Público y las policías de manera de que pasemos de los casos “policialmente” resueltos (detención del imputado)  a los “judicialmente resueltos” (pronunciamiento del tribunal en torno al caso) y la creación del proyecto BUD para compartir información sobre causas penales; la capacitación de los estamentos; y las modificaciones legislativas, instancias que permitirán fortalecer el proceso penal de la justicia chilena”.

Modificaciones

Un aspecto relevante de la iniciativa denominada “la reforma de la reforma procesal penal”, corresponde a las modificaciones legislativas, que apuntan a realizar cambios al Código Procesal Penal.

Uno de ellos es aumentar la protección y participación de las víctimas, “donde se establece la obligación al Ministerio Público de fundamentar la decisión de archivar provisionalmente aquellos casos en que las víctimas hayan identificado al imputado. También se establece la obligación por parte del Ministerio Público de fundamentar los casos en que decida ejercer la facultad de no perseverar con la investigación. Mientras que se propone establecer el deber del juez de adoptar medidas de protección a favor de la víctima, en cualquier etapa del procedimiento e incluso antes de la formalización de la investigación, para la protección de su persona y su patrimonio, entre otras medidas”.

Otra medida es mejorar la persecución penal que lleva a cabo el Ministerio Público, para lo cual se definió que se ampliará el ámbito de aplicación de la caución para evitar la fuga del imputado, retención de la licencia de conducir y ampliar la competencia del juez de garantía para conocer las “audiencias de control de detención”, así como también que el fiscal pueda solicitar una orden de detención al juez cuando la comparecencia del imputado puede verse demorada o dificultada.

Pero para Tiemann, otro aspecto clave son las medidas para fortalecer el trabajo policial, “ya que el proyecto establece parámetros para el reconocimiento de imputados, lo cual no estaba regulado el Código Procesal Penal; y el perfeccionamiento de las normas de entrada y registro de un inmueble, lo que permitirá que las policías soliciten directamente una orden al tribunal para realizar su trabajo, evitando con ello la fuga de los delincuentes o la destrucción de evidencia”.

A ello se sumará, para mejorar el funcionamiento del sistema, la facultad para apelar por la exclusión de prueba en el proceso judicial, pues antes sólo se podía apelar por aquellas que habían sido declaradas ilegales; y la inclusión como delito el manejo bajo sustancias psicotrópicas, “que es equivalente a manejar en estado de ebriedad, facilitando con ello una mayor rigurosidad en la aplicación de la ley, y salvaguardando la tranquilidad y paz que todos los ciudadanos requieren para vivir.