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Sala da por no presentada acusación constitucional contra Ministra de Justicia por situación de SENAME

Por 67 votos a favor y 43 en contra se acogieron argumentos de la defensa de la Ministra Javiera Blanco, en la llamada cuestión previa, que planteó que acusación no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución Política.

Ministra Javiera BlancoLa Sala de la Cámara aprobó por 67 votos a favor y 43 en contra, los planteamientos de la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, que cuestionó la admisibilidad de la Acusación Constitucional presentada en su contra por la situación del Servicio Nacional de Menores.

Tras la sesión, la personera se manifestó agradecida del apoyo del Congreso y de los parlamentarios de la Nueva Mayoría que le permitieron «reflejar con hechos y confirmar lo que hemos venido haciendo desde que asumimos la cartera».

Agregó que la evidencia de los hechos «han sido contundentes» y que, de esta manera, se pudo rechazar esta acusación, que además tenía vicios formales de admisibilidad y era necesario «a nivel jurisprudencial presentar ese antecedente».

Durante el desarrollo de la sesión, la defensa de la titular de Justicia, el abogado Jorge Correa Sutil, se explayó en los argumentos jurídicos que debían ser considerados para argumentar que la Acusación tenía vicios en la forma y no cumplía con los requisitos específicos que la Constitución Política establece para su presentación.

En detalle, señaló que en el libelo acusatorio no queda establecido en forma clara sobre qué se acusa a la Ministra y se le atribuyen responsabilidades no personales sino atribuibles a terceros o anteriores a asumir su cargo.

«Por noble que sea una causa, por duros que sean los relatos de la muerte de un niño, no es un acto civilizado juzgar a una persona por hechos anteriores a su mandato», enfatizó.

Correa Sutil también criticó que se use el mecanismo de la Acusación Constitucional, que es la ‘ultima ratio’ para estimar la responsabilidad de los ministros frente a la comisión de posibles ilícitos constitucionales como una herramienta de crítica política.

En ese punto, incluso, consideró como una crítica muy fuerte y «casi injuriosa» decir que la Ministra de Justicia carecía de dignidad para el cargo. «Carecer de dignidad es una crítica política muy fuerte, yo no la había oído en un libelo de esta naturaleza».

A favor de acoger la cuestión previa, puntualizó que aceptarla no significa que los parlamentarios quedan impedidos de ejercer la crítica a la gestión de la Ministra ni inhibe a nadie de decir que ella ha sido, por ejemplo, poco diligente en su gestión.

Finalmente, remarcó como principio que no se puede condenar a una persona antes o mientras se investiga, en referencia a la Comisión investigadora sobre la situación de los menores en el país, que se encuentra en funcionamiento en la Cámara y cuyo mandato se extiende hasta enero de 2017.

Intervenciones parlamentarias

A continuación, hicieron uso de la palabra los cinco diputados integrantes de la Comisión especial encargada de analizar este libelo.

La diputada Karol Cariola (PC), quien presidió la instancia, recordó las presentaciones hechas por los expertos constitucionalistas invitados, que recomendaron rechazar la procedencia de esta Acusación porque carecía de causales y las esgrimidas no son propias de una acusación constitucional.

Agregó que en la discusión al interior de la comisión, los diputados de oposición también consideraron que esta acusación no era procedente en al menos dos de los tres capítulos contemplados y que quienes votaron en contra de esta, lo hicieron en el convencimiento que existen vicios y contradicciones en los hechos imputados.

La diputada también señaló que si se quiere abordar los problemas de la infancia vulnerable «con seriedad y desprovista de posiciones políticas sin fundamento» hay que reconocer que ninguna de las acusaciones incorporadas se desprenden de las actuaciones u omisiones en que la ministra hubiera incurrido.

Además, remarcó que «no podemos seguir culpando de todo a un ministro de turno y desligarnos de la responsabilidad que como sociedad y como estado chileno nos compete en esto».

El diputado Issa Kort (UDI) llamó a reflexionar sobre cómo mejorar el sistema procesal de las acusaciones, porque si bien en este caso se acusa a la ministra de tres cosas distintas, deben pronunciarse en un todo y no por separado, y no parece justo votar a favor cuando en al menos dos de ellas tienen la convicción que no ha sido de responsabilidad de quien se acusa.

Así, afirmó que la ministra Blanco «ha actuado de buena fe en ejercer su cargo, sin embargo en lo político, creo que ha cometido errores garrafales y eso debe ser analizado» en lo político pero no corresponde en lo jurídico «decir que ha faltado al principio de probidad», subrayó.

El diputado Kort llamó a la Ministra a tomar esta acusación como una oportunidad para hacer un compromiso político para modernizar el sistema de protección estatal de los niños y niñas en Chile y «un compromiso para que el Estado no solo asegure el buen trato sino también, de una vez por todas, les entregue dignidad en los hogares».

El diputado Iván Flores (DC) criticó que se acuse a una ministra cuando hay una institución fiscalizadora que aún no culmina y por eso calificó la acusación como «precipitada».

Además, dijo que si bien entiende las motivaciones de los acusadores, un mínimo respeto a la institucionalidad exige la seriedad de utilizar las herramientas que se disponen, aun mas tratándose del mas potente medio de control, y por ello el estándar exigido a las acusaciones debe ser mucho mayor.

Dijo que el hecho que la comisión recomendará la inadmisibilidad de la acusación no significa «que desconozcamos que haya un grave déficit conn nuestros niños desamparados», siendo necesario un ajuste en la institucionalidad de protección en la materia.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) dijo que la defensa para impedir la discusión del fondo de la acusación ha planteado varios puntos formales que refutó. Por ejemplo, dijo que el concepto de ‘ultima ratio’ no está en la Constitución sino que es una creación académica o teórica, y que no puede considerarse que sea incompatible con el trabajo de las comisiones investigadoras.

Señala que la defensa confunde lo principal de lo accesorio, en materia de crítica política, porque «el deber y el derecho de esta Cámara es ejercer la crítica política» y no se puede inhibir ejercer este derecho porque la consecuencia sería bloquear una posibilidad de responsabilidad, recordando que es el Senado el que actúa como jurado.

Puntualizó que acoger la cuestión previa restringiría una de las pocas herramientas que entrega el ordenamiento jurídico a los parlamentarios «para limitar el poder y el eventual abuso en que pudiera incurrir un ministro dentro de un gobierno».

Por último, el diputado Leonardo Soto (PS) planteó que se usa de una manera impropia la acusación y que algunos parecen desconocer que es un proceso sancionatorio excepcional y que debe ubicarse en las causas estrictas de la Carta Fundamental, que busca aplicar una sanción gravísima que es propia, incluso, del derecho penal, como es la la inhabilitación temporal para ejercer todo cargo público.

Por tanto, no puede ser usada para la critica política habitual y que este proceso debe respetar estrictamente las normas del debido proceso que asegure la defensa de la acusada.

Postuló, finalmente, que resulta evidente que esta acusación está plagada de vicios y errores que impide que pueda prosperar, citando que se acuse a la ministra sobre la falsedad de las cifras sobre muertes de menores en el Sename, que se comprobó fue información entregada por el director del organismo y no por la ministra Blanco.

Tras el resultado de la votación en Sala, la Acusación Constitucional se da por no presentada y culmina su tramitación.