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Prohiben a niña indígena a abortar en México pese a que Ley lo permite por haber sido violada

A pesar de que en todo México está permitido legalmente el aborto en casos de violación, una niña indígena de 13 años, quien habita en una de las regiones más pobres del estado de Sonora, está pasando un verdadero vía crucis para acceder a ese derecho y su caso ha despertado la indignación de diversos sectores del país, alcanzando ya eco internacional.

Niña embarazada por violacionMedios como El País, ABC, Univisión o El Mundo han dedicado notas a la historia de la menor, identificada como Citlali, quien llegó al Ministerio Público horas después del ataque y, pese a que ahí concluyeron que tenía daño psicológico y muestras de violencia física, el caso fue clasificado de tal forma que las leyes sanitarias impiden que interrumpa el embarazo sin ser procesada penalmente.

La violación ocurrió el 16 de mayo en casa de la víctima, quien ese día no acudió a la escuela (debido a un descanso oficial por el Día del Maestro) y se encontraba sola; el agresor: un compañero de trabajo de su papá que los visitaba con frecuencia.

Horas después de los hechos, la adolescente acudió a levantar la denuncia en compañía de sus hermanos y ocurrió la primera irregularidad: pese a que así lo indican los protocolos de salud, el personal sanitario no le ofreció la pastilla del día siguiente ni algún medicamento que la protegiera de una eventual infección de transmisión sexual.

Tras su declaración, el Ministerio Público determinó que el responsable, que está detenido, debía responder por el delito de violación agravada, pero el juez que recibió el caso reclasificó la imputación como “estupro”, que implica que la menor habría sido engañada para tener relaciones sexuales consensuadas… a pesar de las huellas de violencia halladas por los peritos.

Semanas después, la adolescente recibió el diagnóstico de embarazo y decidió que quería interrumpirlo, por lo que acudió al Hospital Infantil de Sonora el 13 de julio para hacer la solicitud; seis días después le respondieron que era improcedente, con el argumento de que la resolución del juez se los impedía.

Al consignarse el caso de esta manera, las autoridades de salud sonorenses aseguran que no procede el aborto legal, debido a que judicialmente no hubo una violación, pese a que la Norma Oficial Mexicana 406 establece que ni siquiera era obligatoria una denuncia y que la víctima solo necesitaba firmar una carta donde declarara que fue violada para poder acceder a la interrupción del embarazo; incluso, si tiene más de 12 años de edad, lo anterior procede aun sin el consentimiento de los padres o tutores.

Al conocerse el caso, varias organizaciones civiles manifestaron su indignación e iniciaron campañas para persuadir al gobierno estatal de apoyar a Citlali, quien aún estaría dentro de los tres primeros meses de gestación en que se permite el aborto y en los que hay menos complicaciones para la mujer.

Una de esas asociaciones es GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), que incluso está a cargo de los trámites necesarios para que la menor pueda ser trasladada a la Ciudad de México, donde la legislación en torno a la interrupción legal del embarazo es mucho más flexible que en el resto de las entidades mexicanas.

De acuerdo con las cifras más recientes de la OCDE, México tiene hasta 520 mil casos anuales de abusos sexuales contra menores, siendo las niñas las más afectadas, principalmente por familiares o conocidos cercanos. Tan solo este año, GIRE ha apoyado ya a otras cinco menores en su lucha por acceder al aborto legal, después que las autoridades locales se han negado a respaldarlas. (Irasema Pineda)