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Nuevo servicio permitirá aunar esfuerzos en la conservación del ecosistema

Con asistencia de representantes de diversos organismos públicos y privados ligados al cuidado del ecosistema se realizó en la Universidad Católica del Norte el primer encuentro regional destinado a difundir el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), entidad destinada a la conservación del ecosistema a nivel nacional, con especial énfasis en aquellas zonas de mayor valor ambiental y y en las que requieren medidas para su preservación, por estar expuestas a condiciones de amenaza o degradación.
Iinvestigador UCN Carlos GaymerEl texto, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, en colaboración con otras carteras, ingresó en junio recién pasado al Congreso para su tramitación.
La reunión fue convocada por Medio Ambiente, el GEF (sigla en inglés de Fondo para el Medio Ambiente Mundial)- SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) y la UCN.
Una de las mayores fortalezas del nuevo organismo radica en que concentrará la actual dispersión de funciones que hay en el Estado respecto de hacer conservación de biodiversidad en el país, destacó Diego Flores, jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente.
Asimismo, indicó que el SBAP tendrá facultades de fiscalización de las leyes dedicadas a las áreas protegidas. Similares apreciaciones manifestó la Seremi de Medio Ambiente Región Coquimbo, Verónica Pinto, quien valoró que el SBAP “aúna esfuerzos que antes estaban dispersos en distintos servicios”, resaltando igualmente la mayor validez otorgada a la conservación de áreas protegidas privadas, aspecto fundamental para nuestra región, dijo, por la escasez de terrenos fiscales.
Mayor financiamiento
La nueva institucionalidad contempla asimismo la creación de un Fondo Nacional de Biodiversidad, dedicado principalmente a financiar programas de investigación y conservación fuera de las áreas protegidas, con recursos públicos y privados, innovación valorada desde el mundo académico. Al respecto, Carlos Gaymer, investigador de la UCN reconocido por su aporte a la gestión en biodiversidad, comentó: “No había realmente una visión de Estado de aportar a un financiamiento basal para poder financiar un sistema nacional de áreas protegidas”. Estas, agregó, no responden en ninguna parte del mundo a modelos que sean autofinanciables o autosustentables a través de ingresos de turismo. “Aquí se requiere un rol fundamental del Estado en financiar el patrimonio que es de todos los chilenos”, enfatizó.
Por medio de este servicio, se da cumplimiento a uno de los compromisos para los primeros 100 días de gobierno y, al mismo tiempo, a la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de contar con una institucionalidad pública en materia de biodiversidad. En la misma línea cabe recordar que, si bien hoy existen en Chile unos 30 millones de hectáreas bajo la forma de área protegida, aún se está en deuda con el objetivo de proteger un 10% de los ecosistemas relevantes, establecido en la Política Nacional de Áreas Protegidas aprobada en 2007.
Actualmente, más del 84% de la superficie protegida por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) se encuentra entre las regiones australes de Aysén y Magallanes. Por el contrario, las regiones de Coquimbo, del Maule y Metropolitana tienen menos del 1% de su territorio incluido en el citado servicio.
Rol de las universidades
Los representantes del sector Medio Ambiente coincidieron en relevar el rol de las universidades y centros de investigación en la presente etapa del proyecto, mediante el aporte de información y monitoreo de los ecosistemas.
En este contexto, destacaron el trabajo realizado por la Universidad Católica del Norte sobre todo de investigación en áreas protegidas terrestres y marinas. Uno de los líderes en este ámbito, el investigador Carlos Gaymer, acotó que esa institución ha asumido un rol como institución asesora permanente de las iniciativas que está impulsando el Ministerio del Medio Ambiente en este sentido, participando en la creación de una política de conservación marina a nivel nacional y asumiendo un rol proactivo en la implementación y creación de la mayor parte de las áreas protegidas marinas en el centro norte de Chile.