La Contraloría Regional de Tarapacá dio a conocer un informe que pone bajo observación el manejo de recursos públicos transferidos por el Gobierno Regional de Tarapacá, el GORE, a organizaciones privadas sin fines de lucro.
Se trata del Informe Final N° 510, fechado el 24 de diciembre de 2025, que revisó transferencias realizadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
¿Qué revisó Contraloría?
Contraloría investigó principalmente dos cosas: Primero, cómo se entregaron los recursos públicos a estas organizaciones. Y segundo, cómo se rindieron esos fondos, es decir, si se presentó documentación suficiente para acreditar en qué se gastó el dinero.
En simple: se revisó si los proyectos financiados con plata pública realmente se ejecutaron como correspondía y si el Gobierno Regional los fiscalizó.
¿Cuánto dinero se revisó?
Según el informe, el GORE realizó 364 transferencias en esos dos años, por un total superior a los 5 mil 400 millones de pesos.
Contraloría, eso sí, no revisó todo el universo, sino una muestra: 66 proyectos, que suman más de 1.777 millones de pesos.
¿Qué encontró Contraloría?
Uno de los puntos más relevantes es que Contraloría observó gastos por más de 58 millones de pesos que fueron aprobados por el GORE, pero que no tendrían respaldo documental suficiente para acreditar su ejecución.
Es decir: faltaban antecedentes básicos como actas, registros, nóminas, o documentos que permitan demostrar que lo financiado se realizó efectivamente.
Por eso, Contraloría instruyó al Gobierno Regional exigir restitución de esos montos y acreditar el ingreso del dinero, dentro de un plazo de 60 días hábiles.
Caso de notebooks
El informe también menciona un caso que llamó especialmente la atención: la falta de respaldo en la entrega de 14 notebooks, por un monto de 7 millones 700 mil pesos, en proyectos de alfabetización digital vinculados al uso de Comisaría Virtual.
Según Contraloría, ese dinero fue restituido por la entidad beneficiaria, pero el organismo fiscalizador mantuvo la observación, señalando que el problema de fondo no era solo el reintegro, sino la falta de trazabilidad y el motivo del incumplimiento del objetivo del proyecto.
Rendiciones pendientes: más de 250 millones
Otro punto importante del informe es que Contraloría detectó recursos transferidos que no tenían rendición completa o cierre formal.
Según el documento, existirían:
- proyectos sin rendición asociada,
- saldos vencidos pendientes de rendición,
- y rendiciones observadas por el propio GORE por falta de respaldo,
por un monto total superior a los 250 millones de pesos.
Contraloría instruyó al GORE exigir reintegros o iniciar acciones judiciales si corresponde.
Conflictos de interés
Además, el informe menciona observaciones relacionadas con posibles conflictos de interés, en casos donde existirían coincidencias entre directivos de organizaciones beneficiadas y proveedores contratados por ellas.
Según Contraloría, esto ocurrió en 3 proyectos, por más de 50 millones de pesos, y se instruyó exigir restitución por 12 millones 780 mil pesos, además de revisar si existen más casos similares.
Falta de fiscalización en terreno
Contraloría también cuestionó la fiscalización del Gobierno Regional. Según el informe, 32 de los 66 proyectos revisados no registraban actas de fiscalización en terreno.
En simple: no existía evidencia formal de que el GORE haya ido a verificar presencialmente, en muchos casos, si los proyectos se realizaron o no.
¿Qué dijo el GORE?
Tras conocerse el informe, el Gobierno Regional de Tarapacá emitió una declaración pública.
En ella sostuvo que ya inició gestiones administrativas para abordar las observaciones, solicitar reintegros cuando corresponda y acompañar a organizaciones sociales en el cierre de rendiciones.
Además, señaló que el informe no constituye una sentencia judicial, y recordó que existe un procedimiento disciplinario iniciado en diciembre de 2025 para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
En conclusión, el Informe Final N° 510 de Contraloría no es una condena penal, pero sí es un documento administrativo que contiene observaciones importantes, montos concretos, instrucciones de reintegro y exigencias de corrección dentro de plazos definidos.
Se trata de un informe que pone el foco en un punto clave: la necesidad de asegurar que cada peso transferido desde el Estado sea debidamente fiscalizado, acreditado y rendido.
Esa es la información. Seguiremos atentos a los plazos y a las medidas que adopte el Gobierno Regional tras el informe de Contraloría.
