El estallido social en Chile: Un legado de dilemas y silencios
El estallido social que sacudió a Chile en octubre de 2019 marcó un antes y un después en la historia reciente del país. Lo que comenzó como una protesta por el alza en el precio del transporte público, rápidamente se convirtió en un movimiento masivo que exigía cambios estructurales en un sistema percibido como injusto. Este proceso dejó una profunda huella en la sociedad chilena, pero el análisis de su legado se encuentra hoy en un terreno lleno de dilemas y silencios.
Debe entenderse que el estallido social fue el resultado de la acumulación de diversas variables. Por un lado, estaba el descontento por las desigualdades económicas y sociales, que habían sido ignoradas o minimizadas durante décadas. A esto se sumaba una creciente desconfianza en las instituciones y la clase política, percibida como desconectada de las necesidades de la ciudadanía y en muchos casos, corrupta. Además, el sistema de pensiones, la salud y la educación, todos pilares del modelo chileno, fueron blanco de críticas por su ineficacia y falta de equidad.
Por otro lado, la respuesta del Estado, con una represión policial violenta y poco proporcional, no hizo sino avivar las llamas de la protesta. Las violaciones a los derechos humanos documentadas durante esos meses generaron un profundo rechazo y se convirtieron en un símbolo de la urgencia por un cambio estructural.
Uno de los aspectos más preocupantes que emergen del análisis post-estallido es la notable falta de autocrítica por parte de la clase política nacional. La mayoría de los actores involucrados, tanto del oficialismo como de la oposición, han mostrado una resistencia casi unánime a asumir responsabilidades o reconocer errores. Esta actitud refleja un miedo a perder poder y prestigio, pero también evidencia una desconexión con el sentir ciudadano.
El temor a las consecuencias de un reconocimiento sincero de sus fallas ha llevado a los políticos a adoptar una postura de negación o minimización de los hechos. En lugar de abordar las causas profundas del descontento social, muchos han optado por desviar la atención hacia la violencia y el vandalismo que acompañaron algunas protestas, utilizando esto como excusa para deslegitimar las demandas ciudadanas.
En este contexto, ha emergido una tendencia preocupante: la búsqueda de borrar o minimizar el estallido social de la memoria colectiva. Tanto desde sectores políticos como desde ciertos grupos ciudadanos, se percibe un esfuerzo por suavizar el recuerdo de aquellos meses turbulentos, presentándolos como una especie de “anomalía” o incluso, en algunos casos, justificando la represión como una respuesta necesaria.
Además, es imposible ignorar la creciente percepción de que intereses internacionales podrían haber intervenido en este proceso, con el objetivo de desestabilizar al país en un momento crítico. Esta sensación añade una capa adicional de complejidad al análisis del estallido, pues plantea interrogantes sobre hasta qué punto los eventos de 2019 fueron influenciados por actores externos. Para muchos chilenos, esta idea no solo genera incertidumbre, sino que también alimenta una desconfianza aún mayor en las instituciones y en la narrativa oficial.
Este intento de reescribir la historia y de posiblemente ocultar la intervención de factores internacionales tiene implicaciones graves para el futuro de Chile. La negación del pasado y la falta de reflexión sobre los errores cometidos impiden que el país aprenda de su historia y construya un futuro más justo y equitativo. Ignorar las demandas que surgieron durante el estallido, o peor aún, tratar de silenciarlas, no hará más que postergar los conflictos latentes, que tarde o temprano volverán a emerger.
Desde el sentir ciudadano, la situación es compleja. Por un lado, existe una gran desilusión con la clase política, que se percibe como incapaz de conducir el país hacia un cambio real. Por otro, persiste la esperanza en que las semillas de cambio plantadas durante el estallido puedan germinar en una nueva forma de hacer política, más inclusiva y participativa.
El futuro del país depende en gran medida de cómo se aborden los legados del estallido social. Reconocer su importancia, reflexionar críticamente sobre sus causas y consecuencias, y mantener vivas las demandas ciudadanas, son pasos esenciales para evitar que el país caiga en la trampa de repetir los errores del pasado. Solo así se podrá construir una sociedad más justa, equitativa y en paz.
Juan Carlos Hernández Caycho
Asesor – Consultor Comunicacional