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Diputada Isasi pide más recursos para mejorar fiscalización en Dirección del Trabajo

Marta Isasi BarbieriLa diputada Marta Isasi, expresó que es de gran importancia incorporar mayores recursos a la Dirección del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones laborales previsionales, de higiene y seguridad del Código del Trabajo en la Contratación de Trabajadores Extranjeros.

A través de un proyecto de acuerdo, se indica que “en la década pasada, la inmigración creció en un 91% solo contando los inmigrantes legales. Mientras tanto, decenas de miles de inmigrantes ilegales buscan fórmulas que les permiten instalarse en el país”.

Indica que “los más de 360.000 extranjeros que hay en Chile suponen aproximadamente el 2% de la población total. En los últimos 20 años, más del 60% de los inmigrantes que hay actualmente en el país provienen de los estados fronterizos, principalmente peruanos, argentinos y bolivianos”.

“Más del 70% llega a Chile en busca de oportunidades laborales. El 36% de los inmigrantes se concentra en la Región Metropolitana, mientras que el 27% de distribuye entre las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”, señala la iniciativa.

Señala que “la fiscalización de las disposiciones laborales, previsionales y de higiene de seguridad del Código del Trabajo, incluida el de los extranjeros y sus leyes complementarias, son de competencia exclusiva de la Dirección del Trabajo”.

“Uno de los puntos en este sentido, es que para el caso del extranjero que simule o cometa fraude en la celebración de un contrato de trabajo será expulsado del territorio nacional. El empleador o patrón que incurriera en falsedad al celebrar un contrato de trabajo con un foráneo, con el objeto precedente señalado, será sancionado con la pena de multa de 1 a 50 sueldos vitales. En caso de reincidencia, la pena será de presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio de la multa a que haya lugar. En todo caso, deberá pagar el pasaje de salida del trabajador”, dice el texto.

Por eso, la diputada presentó un proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo pueda tomar en consideración esta petición, la cual debe traducirse en un proyecto de ley.