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Diputada Isasi continuará rol fiscalizador para una educación de calidad

Marta Isasi y fiscalizacion de la educacion en ChileComo «positivo» calificó la diputada Marta Isasi, que la Cámara Baja haya aprobado la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer.

«Creo que es de toda justicia que se haya respaldo este libelo porque después de haber hecho varias denuncias y de haberle solicitado en varias ocasiones al ministro que se preocupe de los problemas que tenían, y que los siguen teniendo, los estudiantes de la Universidad del Mar, era necesario hacer esta acción», sostuvo.

A su parecer «hoy con hechos concretos hemos dado un paso muy importante, y por lo mismo quiero decirle a estos estudiantes, a sus familias y a los vecinos de la Región de Tarapacá que siempre estaremos dispuestos a fiscalizar, a luchar por los derechos de nuestros jóvenes y que no permitiremos que se sigan riendo de quienes han hecho un gran esfuerzo por estudiar y sacar una carrera».

Y además sostuvo que «siempre seguiré trabajando con lealtad para Dios y para mi querida Región de Tarapacá que necesita una educación de calidad. Por lo mismo desde el Congreso Nacional, continuaré ejerciendo mi rol fiscalizador».

De acuerdo al libelo, se acusa al ministro de infracción al principio de probidad administrativa. Omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, en particular la de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación, y por no ejercer el control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia.

Parte del texto señala que «el ministro ha dado contradictorias declaraciones en torno a las facultades que tendría su cartera para fiscalizar a las instituciones de educación superior. En efecto, por una parte alega la falta de atribuciones legales para solicitar información, investigar y sancionar a las Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, mientras que por otra, ha hecho efectiva la facultad que le concede el artículo 64 de la Ley General de Enseñanza (este artículo le permite cancelar la personalidad jurídica y revocar el licenciamiento de aquellas instituciones de educación superior que no cumplan con sus estatutos o que sus actividades sean contrarias al orden público, como lo son todas aquellas que persiguen fines de lucro)».

Agrega que «por otro lado, pese a estas contradicciones, ha señalado que no ha iniciado investigación por el hecho de no haber recibido denuncias concretas. Esto se contrasta con las distintas instancias en donde el Ministro fue informado de la situación: las sesiones y posterior informe de la Comisión Investigadora del Funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara de Diputados; el Informe presentado a la Comisión Nacional de Acreditación por Patricio Basso; las denuncias presentadas por dos grupos de profesores y abogados de la Universidad de Chile; las investigaciones y diligencias judiciales efectuadas por el Ministerio Público, etcétera. Con todo, el Ministro en la misma Cámara negó tener conocimiento de estas irregularidades».

Indica que en cuanto al «proceso de cierre de la Universidad del Mar: La gestión del Ministro ha sido insuficiente y no ha dado una protección adecuada a los derechos de estudiantes, funcionarios y académicos del plantel. Las falencias en el proceso quedan de manifiesto dadas las denuncias de los mismos involucrados, y particularmente por la renuncia de Nuria Pedrals, psicóloga encargada de hacerse cargo del proceso de reubicación».

La acusación expresa que «los estudiantes denuncian que los números de reubicados que maneja el Ministerio no son tales y todavía quedan miles de familias que tienen absoluta incerteza de la situación.  La totalidad del proceso de cierre de la Universidad del Mar lleva a calificar la actuación del Ministro de poco eficiente, por una mala utilización de los recursos públicos para la reubicación, como también de ineficaz toda vez que los objetivos que le impone la ley al Ministerio (velar por el desarrollo de la educación en todos sus niveles). Actualmente el derecho a la educación de sus estudiantes ha sido gravemente vulnerado».