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Caso muebles: funcionarios públicos conocían falsedad de resolución que amplió plazos de licitación

Caso muebles en TarapacaEl funcionario de la Policía de Investigaciones Rachid Venegas, que es el tercer testigo presentado por la Fiscalía, comenzó esta mañana su declaración señalando que los funcionarios públicos que solicitaron y aprobaron la solicitud de ampliación de plazo de cierre de la licitación de mobiliario Arica, estaban en pleno conocimiento que esta ampliación  se aprobó con una fecha anterior a la misma solicitud.

El policía de la Brigada de Delitos Económicos explicó que el 28 de agosto de 2007, el jefe de la División de Análisis y Control del Gobierno Regional, el acusado Freddy Casareggio, envió un memorándum solicitando la ampliación del plazo de cierre de la licitación -que vencía ese mismo día- al asesor jurídico Carlos Córdova y al jefe de Finanzas. El memorándum contaba con la firma de responsabilidad del acusado Jorge Jacobs y fundamentaba la petición en problemas técnicos que habían existido para subir las bases al portal de Chile Compras.

Dicho memorándum dio origen a la resolución exenta 447, firmada por la ex intendenta Antonella Sciaraffia y el abogado Carlos Córdova, de fecha 27 de agosto, en la cual se indicaba que atendido el memorándum de la Dacog, se ampliaba el plazo de la licitación hasta el 3 de septiembre.

El policía señaló que a simple vista cualquier persona podía notar que la fecha de la resolución era anterior a la solicitud de la ampliación, sobre todo considerando que esta fecha estaba preimpresa en el documento, por lo que la ex intendenta y el abogado Córdova, más aún siendo abogados, debieron darse cuenta de esta falsedad.

Venegas indicó además que al revisar los archivos formales del Gobierno Regional, se dieron cuenta que en el libro empastado de todas las resoluciones exentas, no existía la resolución de ampliación de plazo, pero sí otra resolución 447 referente a un contrato de aseo con un particular. Esa resolución, que también estaba firmada por la ex intendenta y el asesor jurídico Carlos Córdova, tenía la fecha 27 de agosto, pero con el timbre de la oficina de partes.

El policía explicó que se tomó declaración a la persona encargada de la oficina de parte del Gobierno Regional, quien señaló que lo habitual era que todas las resoluciones fueran fechadas con posterioridad a las firmas, a través de un timbre de esa oficina, y que sólo en casos especiales, “autorizados por la intendenta” se permitía que la fecha estuviera preimpresa.

El abogado Carlos Córdova ya fue condenado por estos mismos hechos, por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.